Caso Berdivi: Derecho a solicitar «ajustes razonables»

El caso Berdivi (asunto C-38/24), analizado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es un hito importante en las relaciones laborales. Este fallo establece que los empleados que cuidan a un familiar con discapacidad también tienen derecho a ajustes razonables en su trabajo.

Antecedentes:

Una trabajadora, madre de un hijo con una discapacidad grave, solicitó a su empresa un puesto con horario fijo y permanente. Su objetivo era poder cuidar de su hijo, cuya condición de salud exigía una atención constante y predecible.

Sin embargo, la empresa se negó a concederle un ajuste permanente y solo le ofreció soluciones temporales. Estas alternativas no resolvían la necesidad de la trabajadora, lo que la llevó a iniciar un proceso legal.

Conclusiones del TJUE

La Corte de Casación italiana consultó al TJUE para aclarar dos puntos clave. Las conclusiones del TJUE fueron las siguientes:

• 1. Discriminación Indirecta: El TJUE determinó que la prohibición de discriminación indirecta por motivos de discapacidad se aplica también a los trabajadores que, sin tener una discapacidad, sufren discriminación debido a la asistencia que prestan a sus hijos con discapacidad. En otras palabras, la empresa no puede discriminar a la persona trabajadora cuidadora que provee cuidados a su hijo, ya que esto se considera una discriminación indirecta, basada en la discapacidad del menor (Directiva 2000/78).

• 2. Obligación de la Empresa: El TJUE confirmó que el Artículo 5 de la Directiva 2000/78 —que exige la adopción de ajustes razonables, a menos que suponga una carga excesiva— también se aplica a las personas trabajadoras que, sin tener ellas mismas una discapacidad, cuidan a sus hijos. Esto significa que las empresas están obligadas legalmente a buscar soluciones para garantizar la igualdad de trato.

Impacto del caso Berdivi:

La decisión del TJUE en el caso Berdivi sienta un precedente crucial para la interpretación del derecho a solicitar ajustes razonables.

La sentencia comienza a definir un nuevo marco de acción para las empresas, guiándolas sobre cómo deben gestionar las solicitudes de sus empleados en situaciones de especial atención, como el cuidado de un familiar con discapacidad, reformando la responsabilidad proactiva de las empresas para garantizar un trato justo y equitativo a toda su fuerza laboral.